Estamos muy acostumbrados a ver reportajes de investigación en los informativos o en programas especializados en ellos. Pero eso se va a acabar o, al menos, se va a complicar. El Tribunal Constitucional dictó la pasada semana una sentencia en la que declara ilegítimo el uso de cámaras ocultas en el desarrollo de la profesión periodística.
Es cierto que el hecho de lograr las informaciones a través de engaños ha sido, es y será una de las características que más ha dañado la imagen de los periodistas frente a la opinión pública, esa misma que después se planta delante del televisor ensimismada con el reportaje que le explica cómo se monta una clínica dental ilegal en un piso de Madrid o cuánto dinero estafan los videntes aprovechándose de la desesperación de algunas personas. Pero, ¿qué ocurre cuando lo que graba esa cámara escondida es de verdadero interés público?, ¿hace también daño a la profesión por los medios utilizados o le beneficia por el fin conseguido?
Se abre el debate, sin duda, sobre cuántos detalles se escaparán ahora al no poder investigar sin decir realmente a qué has venido, sin enseñar la placa de periodista mientras te observan por la mirilla y sin poder hundir el negocio del entrevistado al tiempo que alertas e incluso salvas a futuros clientes. Todo sea por el periodismo limpio.
